La semana pasada leí en el diario portugués PUBLICO (29/01/2008) un interesante artículo de Helena Matos, cuyo título copio para este post, donde al hilo del caso que tiene bajo sospecha al mismísimo presidente del gobierno portugués, José Sócrates, denunciaba la preocupante frecuencia con la que la legislación ambiental es usada para proteger determinados grupos económicos. Leyendo el artículo se me fueron viniendo a la cabeza las numerosas ocasiones que en nuestro país dan lugar a prácticas de desprotección sobre espacios previamente protegidos, con una frivolidad administrativa que en ocasiones acaba en los tribunales. Casos sonados como El Algarrobico y otros muchos de menor notoriedad pública, para cuyo conocimiento basta con leer la prensa diaria. Sin ir más lejos, ayer mismo, la prensa española daba cuenta de la triquiñuela legal del gobierno español, para salvando la ley de costas, permitir a los propietarios de viviendas construidas sobre el dominio público, la venta de las mismas, hasta entonces prohibida. Así, uno de los párrafos del artículo de H. Matos, puede ser extrapolado sin mayor cuidado a lo que comentamos por estos lares. Lo traduzco: “Muchos de los terrenos ambientalmente protegidos funcionan como un territorio en barbecho donde el poder político hace desafectaciones cuando entiende y a favor de quien entiende, basándose en criterios que valen tanto cuanto su contrario”
OLEOPOLIS 