TRIBUNALES DE JUSTICIA Y DESPROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

En OLEOPOLIS nos venimos haciendo eco de las sentencias judiciales que vienen poniendo freno a algunas iniciativas inmobiliarias o de infraestructuras,  promovidas muchas veces por la propia administración pública o cuando menos con el beneplácito y responsabilidad no siempre saldada por la misma. Fue el caso del Hotel Algarrobico o la estación de esquí de San Glorio. Ha sido el caso también de una reciente sentencia del Tribunal de Canarias contra el interés del gobierno canario que había desprotegido un bosque submarino contrariando la propia protección previamente acordada y los informes de sus propios técnicos con tal de propiciar la construcción de un megapuerto en Granadilla. No sabemos que haya responsables ni responsabilidades al respecto. Ya comentamos al hilo del caso Freeport en Portugal, como la política pública protege y desprotege a su antojo y sin criterio. Es lo que venimos denunciando hace más de diez años que se viene haciendo con lentitud certera para desproteger un área del Parque Natural de las Sierras Subbéticas y del Conjunto Histórico de Zuheros, para recalificando el no urbanizable levantar una urbanización en zona de protección del patrimonio natural y cultural. El panorama no es tan alentador como pueden dar a entender algunas recientes sentencias sobre denuncias muy concretas en un mar de casos de los que la Axarquía como territorio es una muestra de plena actualidad, con más de una decena de ayuntamientos bajo sospecha. Como si el papel todo lo soportase y las decisiones se las llevase el viento, no podemos sino traer aquí las palabras de Ulrich Beck sobre los innombrables riesgos que acechan a las sociedades modernas cuando los que se suponen debían ser los referentes de custodia de la seguridad y garantía de la racionalidad y la ley, se convierten en sospechosos. Pero,  ¿acaso tiene la sociedad civil o los ciudadanos la posibilidad real de llevar todos estos casos a un juzgado? O por el contrario, ¿no debería ser el propio sistema quien arbitrase mecanismos de control para evitar y corregir estos desmanes?

UN INMENSO FREEPORT

La semana pasada leí en el diario portugués PUBLICO (29/01/2008) un interesante artículo de Helena Matos, cuyo título copio para este post, donde al hilo del caso que tiene bajo sospecha al mismísimo presidente del gobierno portugués, José Sócrates, denunciaba la preocupante frecuencia con la que la legislación ambiental es usada para proteger determinados grupos económicos. Leyendo el artículo se me fueron viniendo a la cabeza las numerosas ocasiones que en nuestro país dan lugar a prácticas de desprotección sobre espacios previamente protegidos, con una frivolidad administrativa que en ocasiones acaba en los tribunales. Casos sonados como El Algarrobico y otros muchos de menor notoriedad pública, para cuyo conocimiento basta con leer la prensa diaria. Sin ir más lejos, ayer mismo, la prensa española daba cuenta de la triquiñuela legal del gobierno español, para salvando la ley de costas, permitir a los propietarios de viviendas construidas sobre el dominio público, la venta de las mismas, hasta entonces prohibida. Así, uno de los párrafos del artículo de H. Matos, puede ser extrapolado sin mayor cuidado a lo que comentamos por estos lares. Lo traduzco: “Muchos de los terrenos ambientalmente protegidos funcionan como un territorio en barbecho donde el poder político hace desafectaciones cuando entiende y a favor de quien entiende, basándose en criterios que valen tanto cuanto su contrario”